Idealmente la participación del estado en una sociedad debería ser la de proteger a la ciudadanía. Esto significa que debe velar por los intereses de todos como comunidad y no individualmente.
Existen varias fórmulas de gobierno que se han desarrollado a lo largo de la historia y nos encontramos con unas que han funcionado mejor que otras, o incluso unas que luego de varios años de mantener una modalidad han tenido que adaptarse o evolucionar. El sentido noble de la política o el estado debe ser la de proteger al ciudadano común.
Es así que en las sociedades tenemos empresarios, inversionistas, profesionales en libre ejercicio, trabajadores de la fuerza laboral, políticos, funcionarios públicos, y demás que en conjunto son los llamados a buscar el progreso de todos en un país.
En Ecuador, muchas veces siento que existen dos mundos paralelos: por un lado tenemos las personas normales que hacemos empresa, que trabajamos por una causa, que formamos parte de un grupo productivo, que salimos a trabajar a diario, que tenemos la obligación de esforzarnos para conseguir el pan de cada día; y por otro lado la clase política que pareciera que hace todo lo contrario. Mientras los empresarios crean, arriesgan, producen junto con sus empleados y ejecutivos en el sector privado, los políticos y funcionarios públicos buscan la forma de poner trabas e impuestos que retrasan el progreso de la comunidad a la que pretenden defender.
Desde mi óptica, limitada por supuesto, veo que el empresario siempre se las arregla para salir adelante. Cuando no hay liquidez en el sistema financiero, el ciudadano común (el productivo del sector privado) busca alternativas de supervivencia. Por ejemplo, reduce gastos, se aprieta en sus finanzas, busca trabajar más horas al día, hace descuentos en los productos o servicios que ofrece, encuentra alternativas de intercambio comercial como el canje, arriesga su tiempo familiar y social, con el objetivo, o más bien sueño de progresar. En cambio el estado, cuando hay iliquidez busca incrementar impuestos, pedir anticipos a la renta, imponer aranceles, entre otras medidas que permita seguir manteniendo un estado obeso y populista.
El estado está lleno de ministerios, secretarías, comisiones, asesores, que la gran mayoría son burócratas improductivos que no aportan nada a la sociedad. Simplemente están en la economía como unas rémoras que absorben todo el esfuerzo del resto de la sociedad que quiere progresar a través de su trabajo. No es justo, no para quienes no podemos dormir cuando llega una quincena y tenemos que pagar un rol que nos permita seguir operando.
Una idea loca para subsanar esta situación: ¡reduzcamos los impuestos a la tercera parte de lo que hoy tenemos! Es decir, eliminemos el ISD, bajemos el IVA al 10%, el impuesto a la renta al 8%, olvidemos los impuestos a consumos especiales. ¿Esto hará que el problema del estado sea peor? !Por supuesto! ¿Que hacemos si el presupuesto del estado se reduce del 30% del PIB a tan solo el 10%? La respuesta la encuentro sencilla: ¡reducimos el tamaño del estado a una tercera parte también! ¿Como lo hacemos? Sacamos a todos los funcionarios públicos que no aportan en nada; eliminamos todos los ministerios absurdos, nos quedamos solo con 5 o 6; cancelamos los asesores de asambleístas o funcionarios remanentes (se supone que debe ser gente preparada y no actores de televisión, reporteros, futbolistas o payasos); eliminamos los guardaespaldas y choferes. ¿Pero que pasa con toda esa gente que quedaría desempleada? Lo mismo que nos pasa al resto cuando nos quedamos desempleados o nuestras empresas entran en problemas: ¡Nos ponemos a trabajar para producir!
¡Luego abrimos el mercado al mundo! Así de sencillo. Como cuando tenemos un buen producto y pasamos de venderlo en la cuadra de la casa y posteriormente al barrio entero, luego en la ciudad, después en el país, y finalmente buscamos exportar. Que lindo sería tener un país donde el estado represente un 10% de lo que el resto produce. Incrementar el PIB de 100 mil millones a 200 mil millones, ¿porque no? Si todos nos enfocáramos en producir, así sería.
En una empresa nos miran mal cuando subimos el gasto administrativo por encima del 3% de las ventas. Llegar al 5 o 6 por ciento es síndrome de ineficiencia. ¿Porqué el estado debe ser diferente? ¿No era su rol protegernos?
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